La difícil vida cotidiana.
Los estigmas.

En los actos de discriminación que se producen en la vida cotidiana observamos la elaboración de estigmas en relación con personas o grupos de personas. Se señalan características que, presuntamente, desacreditarían a los individuos que las poseen y, por lo tanto, harían imposible su aceptación por parte de la sociedad. Puede establecerse una relación con las deformidades físicas, obesidad, discapacidades, amputaciones, o problemas de "carácter", en el caso de la homosexualidad, las enfermedades mentales, la drogadicción y otras. Estas personas suelen ser consideradas algo menos que humanas, como consecuencia de rasgos que se juzgan anormales. El caso de la homofobia es paradigmático: el "culpable" es tratado como alguien que se ha desviado de lo que es correcto para la vida de la sociedad. Se discrimina al homosexual en las relaciones laborales y se lo ridiculiza incluso en medios de comunicación que suelen considerarse a sí mismos "progresistas". No hace mucho, cuando la discusión del código de convivencia urbana, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Legislatura local fueron de contradicción en contradicción a la hora de tratar el tema de los travestis: parecía que tenían una brasa en sus manos. En los papeles, se reconoce a los travestis el derecho a la diferencia, pero no se sabe dónde ubicarlos o esconderlos. Detrás de las polémicas está el tema de los votos, hay más vecinos que travestis: por lo tanto, el proclamado "progresismo" choca con el interés electoral de algunos partidos políticos. Entramos de nuevo en la esquizofrenia, el discurso por un lado y las soluciones "prácticas" por el otro. Si se mira el asunto desde un sentido común elemental, hay que decir que una cosa es la libre elección del objeto amoroso y otra muy distinta la práctica del comercio sexual, cualquiera fuera éste. Es necesario separar ambas cuestiones, advirtiendo que la vida democrática demanda reconocer la dignidad de todos y de cada uno de los integrantes de la sociedad, a la par que exige -del mismo modo- igual sometimiento ante las leyes. El concepto básico de la democracia es el de pluralidad, que supone renunciar a todo hegemonía, a toda imposición basada en la fuerza o en el desprecio. La experiencia histórica demuestra que nada hay más perjudicial para el pluralismo que la arrogancia cultural o el dogmatismo ideológico, que las concepciones racistas y la tendencia a discriminar por origen, sexo, nacionalidad, religión o por cualquier idea y valor propios de cada comunidad. La dignidad humana no se puede reducir a una característica que se asienta sobre las relaciones interpersonales. El respeto a la naturaleza de la persona y el reconocimiento de las diferentes identidades que la constituyen engendran el pluralismo y la tolerancia. La democracia supone, por tanto, encontrar ese delicado balance entre la identidad propia y la del otro, entre las creencias y valores propios y los ajenos. El poder ejercido por la mayoría, entonces, reconocerá con tolerancia los límites de su voluntad: ejercicio tanto más noble cuanto mayor sea la distancia cultural que separa a unos y otros. Una de las deformaciones más terribles y peligrosas de nuestro siglo es la tendencia a transformar los dramas de la historia en números, en cifras deshumanizadas que hacen olvidar demasiado a menudo que detrás de las cantidades hay personas concretas y singulares. Las estadísticas pueden hacer que las grandes tragedias de nuestro tiempo se despersonalicen y pierdan su condición humana de los contradictores. Hoy será un grupo, y otro mañana; hasta que los individuos que integran esos grupos dejen de tener identidad y se olviden no sólo los rostros y las voces, sino también las pequeñas historias familiares, el testimonio de los trabajos y los sacrificios, de las penas y las alegrías de que se nutre la vida de la gente. Si se observa con cierta atención el tejido social, es posible verificar una permanente relación entre el rechazo a los homosexuales y el que se manifiesta respecto de los grupos raciales y sociales considerados inferiores. La homofobia es más común en personas de bajo nivel educativo y social o de origen campesino o residentes en ciudades pequeñas en las que tiene una mayor vigencia la llamada "familia tradicional". Estas actitudes se potencian por un conjunto de creencias tradicionalistas y autoritarias, sustentadas en prejuicios que parecen inmutables a pesar del paso del tiempo y de las constantes transformaciones culturales. En el caso de los discapacitados, en cambio, la actitud más común hacia ellos es la indiferencia. La mayoría de la gente suele mirar hacia otro lado cuando se cruza con uno de ellos, en un ejercicio práctico de deshumanización del otro. Un conflicto común que se observa en forma reiterada tiene por escenario a los edificios de departamentos donde viven discapacitados: los propietarios se niegan a considerar la construcción de rampas para las sillas de ruedas. Como el problema no les afecta directamente, prefieren no verlo, no asumirlo. Es algo que le pasa a otros y ellos no tienen por qué hacerse cargo de la cuestión. Este hábito de la indiferencia está tan incorporado a la sociedad que tiene incluso aberrantes confirmaciones institucionales. Unos años atrás, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ordenanza que obligaba a los edificios que tenían ascensores con puertas tijeras a instalar protectores en las mismas para evitar accidentes. Ni los legisladores de entonces ni el actual Ejecutivo comunal, que se esmeró en hacer cumplir la ley, pensaron en que esa reforma tendría como resultado un achicamiento del espacio en las puertas que impediría el paso de las sillas de ruedas. Simplemente ignoraron el problema. En nuestro país, los discapacitados motores, visuales, auditivos e intelectuales suman 3 millones de personas, es decir casi el 10 por ciento de la población. Sin embargo, cruzar la calle, tomar un tren, subir a un colectivo o ingresar en una estación de subte son actividades de muy difícil realización. Subsisten las barreras arquitectónicas, urbanísticas y del transporte, a pesar de la vigencia de una Ley de Discapacidad que obliga, en el caso de los edificios, a hacerlos accesibles a los discapacitados. Hay un plazo para la adecuación de los edificios públicos, pero evidentemente las obras están demoradas en todas partes. Un ejemplo: en el Palacio de Justicia de la Capital Federal se cuenta incluso con planos aprobados para llevar a cabo las obras, pero no hay tareas a la vista. Una abogada que se moviliza en silla de ruedas logró un pronunciamiento judicial favorable para el cumplimiento de la norma en el ámbito citado. Últimamente se han remodelado estaciones de subterráneo y no se pensó en instalar facilidades para el ingreso de discapacitados. Tampoco en los hospitales se cumple la disposición que obliga a contar con personal especializado en discapacidades. Es obvio que existe responsabilidad del Estado y de los funcionarios en estas cuestiones, pero también conviene tener en cuenta que, si queremos hacer realidad la igualdad de oportunidades en la vida cotidiana, deberíamos trabajar para que el conjunto de la sociedad haga suyo el problema.

"Racismo y Discriminacion en Argentina"

Editorial Catálogos Buenos Aires 2000

Editorial del Congreso NAcional de México 2001