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 Bibliografía - Libro Dictámenes sobre Casos de Discriminación

Dictámenes sobre casos de Discriminación - INICIO

Discriminación por situación socio-económica

INFORME DE ASESORÍA LEGAL SOBRE DENUNCIA A/2486/99

I.- DESCRIPCIÓN DEL CASO

Los señores P. A. A. (C.I.xxx), P. F. A. (DNI xxx), C. S. H.(C.I.xxx), A. A. (LE xxx), C. A. M. (C.I. xxx), V. O. G. (DNI xxx), A. D. A. (CPACF Tºxxx Fºxxx), C. D. P. (CPACF Tºxxx Fºxxx), C. O. G. (C.I.xxx), A. V. (DNI xxx), A. J. A. (CSJN Tºxx Fºxx), firman ante el INADI la denuncia A/2486 del 22 de septiembre de l999, por la que solicitan la intervención del instituto, conforme a las facultades que la ley le confiere y solicitan la consiguiente adopción de las medidas que corresponden (sic).

En síntesis puede decirse que la denuncia se centra en considerar como grave discriminación concretada en perjuicio de los socios del C. A. B. J., la reforma de sus estatutos sociales y del Reglamento General de Comicios, en cuanto establecen cláusulas violatorias del derecho de igualdad ante la ley.

La reforma calificada como discriminatoria por los denunciantes consiste en la agregación de un inciso j) al art. 63 de los estatutos, que establece que los integrantes de la Comisión Directiva asumen responsabilidad solidaria comprometiendo su patrimonio personal por la eventual disminución del patrimonio neto del club que se produjera durante la gestión para la que fueran electos en los comicios ordinarios y que a tales efectos, sólo se aceptarán candidaturas electorales si la lista que los propone garantiza la gestión presentando avales bancarios por el veinte por ciento del patrimonio neto de la institución.

A su vez el Reglamento General de Comicios por su art. 17 reformado también, establece que para intervenir en los comicios las Agrupaciones reconocidas deberán oficializar ante la Comisión Electoral las listas y deberán presentar en ese momento los avales bancarios establecidos en el art. 63 del Estatuto y que sin esos avales las listas quedarán automáticamente rechazadas sin poder participar en el acto eleccionario.

Conforme el patrimonio del Club, los avales bancarios exigidos a cada lista para participar en el acto eleccionario, son de unos $4.000.000 (cuatro millones de pesos equivalentes a dólares).

Los denunciantes catalogan de responsabilidad objetiva al inc. j) del art. 63 en cuanto garantiza al club una gestión exitosa y penaliza toda mengua, calificando de grave discriminación al requisito de avales bancarios por $4.000.000, lo cual dicen que afecta la plena vigencia del principio de igualdad, señalando que la nombrada responsabilidad objetiva por el resultado de la gestión, genera la desigualdad pues sólo el socio que tenga enorme solvencia patrimonial podría aspirar a ser elegido.

Los denunciantes informan asimismo del inicio de actuaciones judiciales solicitando la nulidad del acto jurídico de la reforma y consiguiente decisión de la asamblea que la origina.

Invitado el C. A. B. J. a brindar las explicaciones que considerara pertinentes, niega que la reforma estatutaria haya introducido discriminación arbitraria e ilegal y por el contrario considera que es ajustada a derecho.

Remitiéndose a su responde judicial sobre el mismo tema en la causa civil por nulidad de acto incoada por los denunciantes, afirma el Club que la reforma fue decidida en una asamblea legítimamente convocada cuyas decisiones son válidas, que el tema se trató detenidamente y se votó por una gran mayoría y que la Inspección General de Justicia aprobó las reformas.

En otro orden y en lo que importa esencialmente a este instituto, el club solicita la desestimación de la denuncia y el archivo de las actuaciones, basado en que los denunciantes actúan en vía judicial con asesoramiento y patrocinio propio y que no han solicitado asistencia jurídica al INADI.

Subsidiariamente el Club solicita la postergación de estas actuaciones o de las medidas que pudiera disponer el INADI, hasta tanto recaiga sentencia firme en los autos judiciales referidos.

En abono de la procedencia de las enunciadas peticiones, el club afirma que la propia índole de la cuestión traída por los denunciantes, sus alcances y circunstancias, revelan que no se trata de una de las situaciones contempladas en la ley 23.592 que señalan que no fue invocada por los denunciantes ni en estos actuados ni en la causa judicial y que este instituto no tiene competencia en el tema ya que se trata de un mero episodio de la vida interna de un Club y no de las trascendentes cuestiones sometidas por la ley 24.515 a la responsabilidad del INADI.

II.- ANÁLISIS
1).- PLANO SOCIOLÓGICO

Con el nombre de B. J. se conoce desde principios del siglo XX (1905) en Buenos Aires, una asociación civil destinada a la práctica del deporte en general y del football en particular, que ha tenido un desempeño descollante en el football nacional e internacional.

Nacida dicha institución en la ribera del riachuelo en el popular barrio que le da su nombre, ha sido acompañada por las preferencias de simpatizantes de corte popular -"hinchada" - que le han dado un perfil muy especial por el entusiasmo, lealtad y perseverancia en el apoyo a sus jugadores y campañas deportivas.

Al respecto es proverbial la expresión de esa hinchada, compuesta por socios activos y simples simpatizantes, que considera que "B. ES UN SENTIMIENTO", poniendo el énfasis en las adhesiones de tipo emotivo hacia ese club por sobre toda especulación crematística.

La misma acta de asamblea del 14-04-99 que aprobó las reformas que originan esta denuncia, incluye una ponencia del socio Activo 10.608 de apellido P. que se titula a sí mismo "hombre de B." y que propone que "se rinda un homenaje a la emoción que sentimos los b.", afirmando que la emoción de ser b. no es superada por nada y solamente es igualable a cuando uno está al lado de su madre o tiene un hijo (sic).

Ese discurso pletórico de vívidas escenas de su niñez y su llanto de niño y de hombre, es aplaudido y aclamado por la asamblea según informa el acta aludida.

En ese plano de singular emoción se desenvuelve la cuestión traída al análisis y para una justa valoración no puede prescindirse de este fenómeno emocional lo que explica y da sentido a que existan hinchas que no duden de poner en juego su propio patrimonio personal, para el progreso del club.

En el plano formal, el C. A. B. J. es una asociación civil sin fines de lucro, que posee personería jurídica otorgada por el estado para el cumplimiento de sus fines sociales.

Las finalidades y propósitos del CLUB según el art. 1º de sus estatutos son:

a) Propulsar el desarrollo integral de la cultura física, moral e intelectual de sus asociados, a cuyo efecto habilitará las instalaciones deportivas y sociales que permitan los medios y recursos a su alcance;

b) Organizar competiciones y torneos y participar en todos aquello actos relacionados con sus fines que organicen las entidades a las que la Institución se halle afiliada;

c) Promover el espíritu de unión y sociabilidad entre sus asociados;

 

d) Mantener relaciones con las instituciones nacionales y extranjeras, que tengan afinidad de propósitos, a cuyo efecto podrá establecer las delegaciones y representaciones que sean convenientes.

Vale decir que conforme los precisos objetivos sociales y las características del comportamiento de la masa social, se visualiza que la institución ha configurado su historia e identidad conforme una destacada preeminencia del hombre en sus planos físico, moral y cultural por sobre la materialidad de las cosas omitiendo toda actividad especulativa.

En tal sentido es razonable considerar a esa masa societaria más preocupada por logros inmateriales que por la posesión de recursos a los cuales los relativiza subordinándolos a la consecución de los fines. ("Propulsar el desarrollo integral de la cultura física, moral e intelectual de sus asociados, a cuyo efecto habilitará las instalaciones deportivas y sociales que permitan los medios y recursos a su alcance;")

Paralelamente se da la circunstancia de que algunos clubes de football tienen quebrantos en sus economías e inclusive caen en cesación de pagos generadora de la quiebra, imputándose malas gestiones de sus respectivas dirigencias que no comprometen su patrimonio en la gestión ruinosa llevada a cabo por esos dirigentes.

Este argumento es expuesto en la Asamblea del 14-04-99 por quienes mocionan la reforma estatutaria, para sostener que debe exigirse la responsabilidad personal y solidaria de la dirigencia que además debe garantizar que el patrimonio neto del club no se menguará durante sus respectivas gestiones, mediante un aval bancario que podrá ejecutarse en caso de disminución del patrimonio, cifrando el aval en el 20% del patrimonio neto del Club.

La mencionada postura cuenta con la abrumadora mayoría de la asamblea en el clima de alta sensibilidad que despierta los distintos discursos.

El señor A. se opuso a la moción, argumentando entre otros aspectos que la misma establece "una discriminación arbitraria y un indebido privilegio a favor de dichos asociados (los pudientes) y en detrimento de los restantes que,….vulnera el principio de igualdad ante la ley que consagra el art. 16 de la Constitución Nacional".

Refuta esos argumentos el señor D. socio vitalicio 7624, asegurando que en la reforma propuesta no existe discriminación sino el deseo de asegurar las finanzas y la economía del club y que la línea divisoria entre la seguridad y la discriminación es fina pero que es responsabildad de los representantes de los socios, asegurar que el patrimonio no se dilapide por malas administraciones.

Los conceptos del señor D. y otros representan el sentir general en el sentido de que la masa societaria visualiza como una desgracia el que el club pudiera caer en quiebra o concursos por malas administraciones y es notable el entusiasmo y la pasión puesta de resalto para tratar de impedirlo.

Posteriormente la moción se aprueba por abrumadora mayoría de representantes en una asamblea legítimamente convocada.

La reforma es también aprobada por la Inspección General de Justicia.

Esa reforma es catalogada como grave discriminación por los denunciantes que además accionan contra el club en sede judicial solicitando la nulidad de la reforma.

 

2.- PLANO NORMOLÓGICO

Así las cosas corresponde en este informe establecer en primer término si este instituto es competente en la cuestión planteada y considerar el criterio del Club que considera que los hechos no encuadran en la ley 23.592 ni en la ley 24.515 que establece las competencias del INADI.

Particular atención merecen los argumentos concretos del club al señalar que los denunciantes cuentan con patrocinio letrado propio, que no han solicitado al INADI asistencia jurídica y que existe causa judicial pendiente sobre el mismo tema, por lo que a su criterio se deben archivar o suspender las actuaciones a resultas de la sentencia firme que recaiga en sede judicial.

Adelantamos que se ha de desechar la argumentación del club que simplifica la actuación de este organismo a brindar patrocinio letrado o asistencia jurídica a los denunciantes y que veda el cumplimiento de sus misiones y funciones en el caso de causa judicial.

La ley 24.515 enumera las cuestiones de competencia del INADI en las que el brindar asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito es sólo un mecanismo dentro de todos los propuestos por el texto legal, entre los que figura por ejemplo el realizar campañas de educación sobre la temática y proporcionar al Ministerio Público y a los tribunales judiciales asesoramiento técnico especializado en los asuntos relativos a la temática de su competencia.

Las funciones y misiones del INADI si bien están establecidas en la ley 24.515 tienen como principios rectores a la letra y el espíritu de la ley 23.592, cuyo artículo 1º define la discriminación arbitraria como un hacer o una omisión, en definitiva una conducta humana, que de manera arbitraria impida, obstruya, restrinja o de alguna manera menoscabe el pleno ejercicio de derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional.

Debemos recordar la diferencia entre hecho y acto establecida en el Código Civil por vía de sus artículos 896 y 944, por la cual hecho jurídico es un acto voluntario lícito susceptible de originar consecuencias jurídicas y acto jurídico es el destinado específicamente a producirlas.

Esa diferencia está marcando que la discriminación contemplada en la norma punitoria está referida a las vías de hecho discriminatorias - las más frecuentes y principalmente contempladas en el tipo legal que permite decir que la discriminación básicamente es un problema de facto - pero también se refiere a los actos jurídicos, es decir aquellos documentos, instrumentos u órdenes en general, que consagran la discriminación.

Planteada así la cuestión, un estatuto aprobado por una asamblea que sesiona legítimamente y aceptado por la Inspección General de Justicia, es un acto jurídico que puede llegar a ser calificado como acto discriminatorio por el INADI, lo que habilita al damnificado asistido por el INADI o con otra asistencia jurídica, a perseguir el cese del acto discriminatorio y, al mismo tiempo habilita al INADI a producir informes sobre el caso discriminatorio y difundirlos con finalidad docente incluso ante la opinión pública (arg. Inc j) del art. 4º de la ley 24.515)

Tampoco es cierto que porque el caso denunciado está siendo objeto de una causa judicial entre denunciado y denunciante, el INADI deba inhibirse, suspender o declinar su competencia, no sólo porque específicamente la ley 24.515 habilita al ente para informar a los jueces en la materia, sino principalmente porque la misión de este instituto es señalar los hechos y actos discriminatorios aunque consistan en pronunciamientos judiciales.

El INADI carece de funciones sancionatorias por lo que sus pronunciamientos no causan estado, son solamente informes técnicos que tienen por finalidad instalar el tema de la discriminación arbitraria en la sociedad y apoyar a las víctimas, incluso con asistencia letrada, para hacer cesar la discriminación en el caso concreto y en la sociedad en general.

Sin embargo por razones de prudencia, cierto es que cuando se analiza una causa en sede judicial es de buena praxis no avanzar en aspectos cuya determinación o comprobación corresponde a la justicia.

Pero en el caso sub examine, lo que analiza la justicia es la legitimidad o la nulidad de la reforma del estatuto y el reglamento de comicios, aspectos sobre los que el INADI carece de competencia, la que se limita a la calificación de discriminación en los términos de la ley 23.592 exclusivamente.

3.- LA CUESTION DE FONDO

Sentada así la competencia respecto de la posibilidad de señalar una discriminación contenida en unos estatutos sociales votados mayoritariamente en una asamblea legítima y aprobados por la Inspección General de Justicia, nos resta ahora establecer si la reforma estatutaria consagra una actitud discriminatoria contraria a la ley 23.592.

También en este aspecto adelantamos nuestra opinión por la afirmativa no obstante los esforzados argumentos jurídicos vertidos por el club fundamentalmente en su responde judicial, que no llegan a conmover la tacha de arbitraria discriminación.

En ese aspecto en primer lugar cabe destacar que el club fundamenta la reforma, en la circunstancia de que la dirigencia de distintos clubes generaron endeudamientos incontrolables de las instituciones, por lo que se impuso la necesidad de sancionar normas destinadas a impedir semejante estado de cosas.

Agrega la argumentación que la responsabilidad solidaria e ilimitada de los directivos, hubiese sido nominal o teórica si no establecía una garantía patrimonial por lo que esta se impone como colofón.

Desecha que la reforma establezca un supuesto de "responsabilidad objetiva" sino una "obligación de resultado" que deja en pié la posibilidad de eximición por el caso fortuito, la fuerza mayor o situaciones no imputables al dirigente de que se trate.

En orden a la discriminación, manifiesta que ella no existe en la reforma estatutaria y que el orden jurídico presenta diversos supuestos donde se exigen algunos requisitos para el desempeño de un cargo o función sin por ello afectarse el principio de igualdad, así por ejemplo señala que se requieren condiciones patrimoniales para acceder a la franquicia de una marca o ejercer la profesión de procurador por caso.

Sin embargo la situación de discriminación está regida por normas de jerarquía superior a las leyes y por ende al Código Civil cuyas instituciones se colocan como fuerte de la postura de B. J.

En efecto; la Constitución Nacional por vía del art. 75 inc. 22 incorporó a su texto a la Declaración sobre derechos políticos y civiles, la Declaración Sobre Derechos Humanos y Pacto Interamericano de Derechos Humanos suscripto en Costa Rica que especialmente fulminan de ajuricidad a los actos o hechos discriminatorios en razón de la situación económica de las personas.

Esas normas internacionales tienen categoría constitucional superior a todas las leyes de la República, por lo que desplazan por jerarquía a cualquier otra norma que se oponga al precepto garantista, entre ellas al art. 63 inc. j) de los Estatutos del C. A. B. J. y al art. 17 de su Reglamento General de Comicios y, como ya se dijo, a las instituciones del Código Civil.

De manera que de considerarse discriminatoria la reforma en cuestión, se desplazaría toda otra norma de fuente local. Baste recordar que la República asumió el compromiso concreto de garantizar el ejercicio de los derechos que se enuncian en el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, incorporado al derecho interno por Ley 23.313, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social y este Instituto es el órgano de implementación del mejor cumplimiento de esos cometidos.

 

4.- PLANO VALORATIVO

Dado las características e idiosincrasia del C. A. B. J., y sobre todo su impronta sentimental y la situación económicamente conflictiva de clubes similares por mal manejo de los negocios sociales y exposición temeraria de los activos de estas instituciones, resulta razonable que la Asamblea de las características emotivas que hemos visto, haya implementado mecanismos de resguardo y seguridad de la supervivencia misma del club.

Dentro de esa tónica tampoco aparece como irracional determinar que los miembros de la Comisión Directiva y de la Junta Fiscalizadora, respondan en forma solidaria y personal con sus propios patrimonios por los negocios sociales y la gestión en la que intervinieron por mandato electoral.

Más aún parecería que un "hombre de B." tal como fue definido por el socio P. en la Asamblea de que se trata, debería tener como condición básica para ser dirigente, la entrega de todo su patrimonio como garantía de los negocios sociales que realice en nombre de la institución.

Por otra parte la posibilidad de la responsabilidad solidaria de los miembros de una asociación está contemplada en el art. 39 in fine del Código Civil y en consecuencia es perfectamente legítima.

En cuanto al establecimiento de una responsabilidad objetiva de la dirigencia que operaría ante cualquier desventura patrimonial del club, o la figura de la obligación de resultado que permitiría la defensa del caso fortuito o la fuerza mayor, entendemos que es un tema de interpretación pero que, en principio, ninguna de esas figuras dañaría per se la garantía de igualdad ante la ley en términos de discriminación.

En efecto; en el sub examine más allá de los encuadres teóricos y doctrinarios con los cuales se pueda explicar la naturaleza jurídica de la nueva figura creada en el estatuto, la cuestión discriminatoria que ofende la igualdad surge de la realidad fáctica de su implementación: es una cuestión de hecho y no de derecho.

En tal sentido es un hecho notorio que reunir avales bancarios por $4.000.000 equivalentes a cuatro millones de dólares, no es un requisito accesible para el común de las personas tanto en la República Argentina como en cualquier país del planeta.

Al respecto debe considerarse que para que un banco otorgue avales por $4.000.000 en el mejor de los supuestos exigirá un patrimonio realizable del avalado, de monto sensiblemente superior de manera que permita absorber los costos de una posible ejecución sin mengua de la garantía.

Este solo dato bastaría para concluir que la reforma ha creado en los hechos una nueva categoría de socios coartando el derecho de ser elegido de la mayoría de la masa societaria, instaurando una verdadera plutocracia que se exhibe contrastando con las finalidades enunciadas en el objeto social.

En efecto; el contraste del objetivo social y aún de la identidad manifiesta del club, con la ponderación inmoderada de la condición patrimonial de las personas y la consagración de un orden plutocrático por antonomasia es realmente impactante.

En este sentido cabe desechar el socorrido ejemplo proporcionado por el club del caso del requisito patrimonial para la franquicia de una marca, porque ningún comerciante impondría como requisito patrimonial un aval descomunal que impediría la colocación de la franquicia misma.

Igual rechazo merece la consideración de que los avales garantizarían de por sí el buen desempeño de la dirigencia y los beneficios de la gestión.

Por otra parte la naturaleza de todo club y el de B. en especial es el de una institución abierta a la comunidad, pluralista y participativa, de hecho populosa, situación que colisiona frontalmente con los requisitos plutocráticos ya vistos.

Se ha dicho en estos actuados que el patrimonio del club corre riesgos por mala administración de la dirigencia, pero no se ha considerado la situación de la populosa masa de asociados que aporta sus dineros a través de las cuotas sociales y de la asistencia a espectáculos deportivos y pago de distintos aranceles y del hecho de que esa populosa masa queda así al margen de toda posibilidad de controlar la institución que fomenta.

En otro orden de ideas debe destacarse que la condición patrimonial de las personas nada tiene que ver con su honestidad ni con su idoneidad para la función.

Hay personas de escasos medios patrimoniales o decididamente pobres que cultivan la moral y la decencia hasta el heroísmo y por el contrario hay personas que cuentan con medios cuantiosos y cultivan la corrupción y el peculado.

Y en cuanto a la idoneidad para administrar o dirigir es sabido que tanto a la inteligencia y como al talento no se los adquiere con dinero.

Por otra parte pensamos que la posibilidad de perder todo el patrimonio personal en el manejo del club es una garantía para la mayor prudencia en la dirección de los negocios sociales, mucho más fuerte que la posibilidad de perderse un aval bancario que ni siquiera sería propio sino de una agrupación o lista.

De manera que la nueva reforma de los estatutos en cuanto exige un descomunal aval para competir electoralmente, no halla justificación alguna y discrimina arbitrariamente a la mayoría de los socios consagrando un gobierno plutócrata y elitista.

 

III.- CONCLUSIÓN

De todo lo cual se concluye que existe discriminación por la condición socio económica de las personas, en los términos de la ley 23.592 en la cláusula estatutaria que impone a los socios de B. aspirantes a candidaturas de cargos de la Comisión Directiva y de la Junta Fiscalizadora del C. A. B. J. la obligación de avalar mediante garantías bancarias por el 20% del patrimonio neto de la asociación civil.

Ese requisito notoriamente es de imposible cumplimiento para el común de los socios, cercenándoles así el derecho de elegir a los dirigentes por sus condiciones integrales y no por los avales bancarios que consigan y de ser elegidos en la misma forma.

La discriminación apuntada se considera una cuestión de hecho relacionado con el alto monto del aval exigido que margina de los derechos sociales al común de los socios.

Asimismo se deja constancia que a criterio de este instituto no resulta discriminatoria la cláusula que adjudica responsabilidad solidaria y personal de los miembros de conducción de la institución ni la que exige avales, lo cual no significa pronunciarse sobre su procedencia.

Consecuentemente, de compartir el señor Presidente del INADI el criterio expuesto, se aconseja otorgar copia de este informe a los interesados que lo requieran.

 

Dra. Susana Elsa Torres
Asesora letrada

 

 

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