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 Bibliografía - Libro Dictámenes sobre Casos de Discriminación

Dictámenes sobre casos de Discriminación - INICIO

Discriminación Laboral - Ámbito Docente III

Llegan a esta Asesoría Jurídica las denuncias:

1).- A/2361 del 23-08-99 formulada por los docentes A. M. O., V. V. V., G. S. P., A. B. G., S. V. T., A. P. Z., E. M. R., M. G., A. I. C., A. G. T., S. A., A. M. G., E. C., V. G., A. L. L., N. C., G. S. B., L. I. L., A. G., B. R., N. D., M. L. M., M. C., C. B., A. V., S. M., C. S., del Instituto Privado C. S. L. sito en la calle xxxx de la localidad de Isidro Casanova;

2).- A/2383 del 26-08-99 formulada por A. V. L., S. N. C., M. I. G., N. A. B., P. N. C., C. del C. C. A. O., M. A., N. B., V. B., M. C. B., E. B., L. B., M. A. C., S. C., O. C., M. L. D´A., S. D., D. D., D. F., A. F., N. F., M. F., V. G., A. H., M. L., M. M., G. M., C. M., S. M. S. M., G. N., S. O., G. O. de R. M. C. R., H. R., T. S., G. V., P. V., N. P., A. W. O., N. I. H., A. S., M. P.;

3).- A/2386 formulada el 27-08-99 por P. L. P., L. B. G. H., E. O. G., V. V., L. M. M., C. T. y P., P. V. C., R. M. P., C. C., C. G., N. C., V. A. I., A. M., C. A., A. M. S. P., R. O., P. M., K. P., C. B., M. C., M. A. M., B. H. M., N. E. S., R. I. C.;

4).- A/2389 del 27-08-99 formulada por M. R. S., K. E. G., C. M. V., P. N. N., V. G., M. F. L., C. I. L. G. O. H., G. A. R. DA C., M. E. C., K. V. M., C. M. L., M. C. B., L. I. M., G. A. R., M. B. N.;

5).- A/2392 presentada el 24-08-99 por M. G. B.;

6).- A/2393 del 01-09-99 presentada por C. J. F.;

7).- A/2407 presentada el 02-09-99 por P. M. C., L. N. N., A. V. M., A. E., M. R. J., S. I., A. M. M., V. S. T., A. A. B., M. E. C., M. F. Á., S. F. D., V. H. L., S. N. S., G. C. B., M. S. P. K. F. R.

I.- DESCRIPCIÓN DEL CASO

Las mencionadas personas interpretan que la ley Nº 25.053 de impuesto de emergencia sobre los automotores, motocicletas, motos, embarcaciones y aeronaves para el Fondo Nacional de Incentivo Docente, menoscaba el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, ya que en su aplicación tiene por efecto vulnerar el principio de igualdad ante la ley.

Los citados denunciantes consideran que la discriminación surge de texto de una ley de la Nación siendo el acto discriminatorio originado ya por la sanción de la Ley 25.053(sic Denuncia A/2361).

Encuentran la nota discriminatoria en la desigualdad de trato que la ley consagra con respecto a los docente que prestan sus servicios educativos en escuelas oficiales y de gestión privada subvencionadas, quienes tienen derecho a una mejora de sus salarios por la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente financiado por el impuesto creado por la ley cuestionada, y los docentes de escuelas de gestión privada no subvencionadas, a quienes no se les adjudica derecho a ninguna mejora salarial proveniente de la financiación de la ley cuestionada.

Asimismo los docentes que prestan servicios en escuelas de gestión privada subvencionadas, también acusan la discriminación respecto de los docentes de escuelas oficiales, por cuanto la mejora salarial se otorgaría en la proporción de la subvención oficial en tanto que a los docentes de escuelas oficiales se le reconoce la mejora sobre el ciento por ciento de la remuneración.

La denuncia A/2389 plantea también otro objeto al manifestar que el Instituto L. T. donde prestan servicios los denunciantes, "es discriminado de la Ley de Educación Privada de la Provincia de Buenos Aires" (sic) porque a pesar de haberse incorporado al Estado Provincial desde 1995 a la fecha no se les ha otorgado el subsidio de ley, sin agregar otro detalle.

II.- ANÁLISIS

Así las cosas corresponde en primer término precisar el concepto de discriminación en los términos de la ley 23.592 y, en el caso que encuadre el tema propuesto en el tipo legal, determinar si la ley 25.053 consagra un proceder discriminatorio.

La ley 23.592 en su art. 1º define a la discriminación como un hacer, hecho o acto, en definitiva una conducta humana que de manera arbitraria impida, obstruya, restrinja o de alguna manera menoscabe el pleno ejercicio de derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional.

Debemos recordar la diferencia entre hecho y acto establecida en el Código Civil por vía de sus artículos 896 y 944, por la cual hecho jurídico es un acto voluntario lícito susceptible de originar consecuencias jurídicas y acto jurídico es el destinado específicamente a producirlas.

La diferencia es gravitante pues está marcando que la discriminación contemplada en la norma punitoria está referida a las vías de hecho discriminatorias - las más frecuentes y principalmente contempladas en el tipo legal que permite decir que la discriminación básicamente es un problema de facto - pero también contempla los actos jurídicos, es decir aquellos documentos, instrumentos u órdenes en general, que consagran la discriminación.

Planteada así la cuestión, siendo una ley nacional el acto jurídico por antonomasia, parecería prima facie que cae dentro de la esfera de competencia del INADI el considerar la posibilidad de una discriminación establecida en el texto de una ley nacional, como la 25.053, lo que habilitaría al damnificado asistido por el INADI a perseguir en las vías que correspondan, que en el caso debería ser la judicial, el cese del acto discriminatorio - la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.503 y a reparar el daño material o moral.

Ello sin perjuicio de que como las leyes tienen sus formas establecidas de entrar en vigencia como de perder la misma, no corresponde al INADI declarar la inconstitucionalidad de ninguna norma, sino solamente señalar el presupuesto discriminatorio y abogar por su eliminación mediante los mecanismos que el orden jurídico establece, brindando, como se dijo, asistencia letrada al particular interesado en lograr el cese de la discriminación.

Sentado así la competencia respecto de la posibilidad de señalar una discriminación contenida en una ley y de asistir al particular legitimado para pedir el cese del acto discriminatorio, nos resta ahora establecer si la ley 25.503 consagra una actitud discriminatoria contraria a la ley 23.592.

La Ley 25.053 instaura una gabela a pagar por la totalidad de la población y por sus arts. 10 y 13 establece el destino de los recursos que ordena se afecten a "el mejoramiento de la retribución de los docentes de escuelas oficiales y de gestión privada subvencionadas" y "exclusivamente a los agentes que cumplan función docente".

La garantía constitucional afectada, que daría posibilidad de intervención a este instituto dentro de los límites de su competencia, es la del art. 14 bis de la Constitución Nacional que consagra el derecho de "igual remuneración por igual tarea" y la del art. 16 que reconoce la igualdad de todos los habitantes de la República ante la ley.

El derecho de "igual remuneración por igual tarea" nacido para combatir una forma universal de discriminación de la mujer y a la vez una forma de competencia desleal para el trabajo del varón que quedaba al margen del mercado por la gran cantidad de mano de obra femenina ultra barata, debe entenderse dentro de la discriminación de tipo subjetivo, es decir aquella que tienda a menoscabar el salario del trabajador por razones de sexo, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia política quedando al margen de toda consideración la evaluación objetiva de la tarea.

El convenio Nº 100 de la Organización Internacional del Trabajo OIT de 1951 en su art. 3º dispone que las diferencias de remuneraciones que resulten de una evaluación objetiva del trabajo no pueden ser consideradas contraria al principio de igualdad.

En el mismo sentido nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el conocido fallo "Estrella, Fernández c/ Sanatorio Güemes S.A." del 28-08-88, establece que el principio constitucional "igual remuneración por igual tarea" debe ser entendido aún antes de su reglamentación por la LCT, como aquél opuesto a situaciones arbitrarias, como serían las basadas en razones de sexo, religión o raza, pero no por aquellas que se sustenten en motivos de bien común, como las de mayor eficacia y laboriosidad…"

En este orden de ideas notamos que en la aplicación de la ley 25.053 no se manifiesta una discriminación por razones particularmente arbitrarias, sino que responden a pautas absolutamente objetivas que en nada se relacionan con condiciones particulares o individuales de la persona del docente.

De tal manera que en una misma persona se pueden reunir las condiciones de docente de escuela oficial y de escuela de gestión privada sin subvención. En tal sentido no habría posibilidad de imputar un acto discriminatorio estricto sensu, porque falta el ingrediente subjetivo, requisito indispensable para configurar la conducta discriminatoria.

Sin entrar a considerar la justicia o la injusticia de la ley 25.053 y aún admitiendo que toda desigualdad irrita, no se puede negar que el Estado tiene facultades para recaudar impuestos de la totalidad de los habitantes y de afectar esa recaudación a destinos determinados aunque sea a sectores minoritarios.

También es facultad del Estado el formular las políticas educativas y dentro de ellas favorecer sectores que quiera promocionar o jerarquizar o incentivar en su calidad, como la escuela oficial o la de gestión privada subvencionada, donde en general acuden los habitantes de más bajos recursos cuya capacitación suele mostrarse como prioridad para el desarrollo.

Por otra parte señalamos que la ley 25.053 no prohíbe a las escuelas de gestión privada equiparar las asignaciones de sus docentes a los de la escuela oficial o subvencionada, ni tampoco remunerarlo incluso por arriba de esos niveles.

A tales efectos los docentes cuentan con sus representaciones gremiales y entendemos que es en ese nivel donde se deben plantear las equiparaciones salariales.

En efecto; no lesionan el principio de igualdad consagrado en el art. 14 de la Constitución Nacional (IGUAL REMUNERACIÓN POR IGUAL TAREA), las mejoras salariales no pueden ser computadas como casos de desigualdad ni de discriminación.

El salario es una obligación del empleador, y es el empleador el que debe respetar el principio de igualdad entre sus empleados y no con respecto a los empleados ajenos.

En este último aspecto, podemos decir que el empleador de escuelas oficiales o con subvención en la medida de ésta, respeta estrictamente la igualdad de remuneración por igual tarea.

Por supuesto que los recursos del Estado empleador son los impuestos que deben pagar todos los ciudadanos. De manera que tampoco desde este punto de vista se configura la discriminación denunciada.

No es del texto de la ley 25.053 que nace la desigualdad de remuneraciones precisamente, ya que la ley no establece los salarios ni los incentivos sino el destino de la recaudación.

En cuanto a la igualdad ante la ley como garantía del art. 16 de la Constitución Nacional, es uniforme la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal, en el sentido de que no se lesiona el principio si la ley establece las diferencias mediante pautas objetivas.

Al respecto es ilustrativo el fallo MAGGI del 09-12-93 donde la CSJN estableció que "las distintas normativas para supuestos que se estiman distintos son valederas en tanto no sean arbitrarias, es decir, no obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido beneficio, sino a una causa objetiva para discriminar, aunque su fundamento sea opinable".(ver Maggi, Estaban Félix s/ presunto contrabando El Derecho en Disco Láser Récord 298710)

En el mismo sentido se expidió la Corte Suprema en los fallos Bogado del 10-08-93 y Córdoba Oscar c/ Estado Mayor General del Ejército del 4-11-93 (ver El Derecho en Disco Láser).

Resta aún analizar la denuncia A/2389 en lo referente a la discriminación del Instituto de L. T., la que materializada solamente en la mora en otorgársele un subsidio, no adquiere relevancia como acto discriminatorio, ya que para esos supuestos existen remedios en el procedimiento administrativo.

III.- CONCLUSIÓN

De todo lo cual cabe concluir que la ley 25.053 no establece en su texto una discriminación que pueda encuadrarse en el tipo del art. 1º de la ley 23.592 toda vez que no crea desigualdades por razones de arbitrariedad subjetiva manifiesta, sino que se relaciona con la redistribución de los impuestos y el trazado de políticas educativas ajenas en principio a la competencia de INADI, por lo que se aconseja desestimar las denuncias.

Lo aconsejado no significa abrir juicio sobre la justicia o injusticia de la norma en cuestión ni sobre su reglamentación o directa aplicación, que pudieran tornar atendibles los reclamos formulados.

Advertimos que la ley cuestionada en su arts. 14 otorga el marco para que los docentes ejerzan su representación gremial y los art. 18 y 19 que crean la Comisión Bicameral ad hoc para el seguimiento de la aplicación de la ley, lo que se visualiza como el ámbito adecuado del planteo que se formula.

Por todas estas razones aconsejamos desestimar las denuncias formuladas por no encontrarse acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592, sin abrir juicio acerca de la justicia de los reclamos efectuados.

 

Dra. Susana Elsa TORRES
Asesora Letrada

 

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