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 Bibliografía - Libro Dictámenes sobre Casos de Discriminación

Dictámenes sobre casos de Discriminación - INICIO

Discriminación  por opinión Política y Gremial -

Ámbito Laboral

Llegan para dictaminar las actuaciones caratuladas A/1375 por las cuales el señor S. R. O. (DNI 7.706.691) denuncia a la empresa E. D. M. S.A. y al S. D. L. Y F. D. M. por considerar que tales entidades realizan en su contra actos de discriminación vedados por la ley 23.592.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

El denunciante trabaja para la empresa E. M. S.A. y era afiliado al S. L. Y F. M. del cual fue expulsado.

El presidente del Directorio de E. M. S.A. es en forma simultánea Secretario General de S. L. Y F. M.

Miembros del Directorio de E. M. S.A y de la conducción del S. L. Y F. M. y afiliados al mismo, formaron parte de la Agrupación Peronista "13 DE JULIO - LUZ Y FUERZA" agrupación que adhiere a la línea interna del Partido Justicialista de Misiones, "Afirmación Peronista" que actuó como sub lema en las elecciones del 26-10-95.

Al respecto es ilustrativo el parte de prensa de fs. 85 suscripto por el Secretario General del S. L. Y F. M., que define a la Agrupación "13 de JULIO" como "brazo político de nuestra organización", y convoca a colaborar activamente en la campaña electoral a los compañeros del S. L. Y F. M. que se sientan identificados con el proyecto político.

A fs. 44 obra constatación notarial de pegatinas en el interior del edificio de E. M. S.A., de una comunicación firmada por el Presidente del Directorio de E. M. S.A y Secretario General de S. L. Y F. M., pero haciéndolo como Presidente del Sub-Lema "13 de Julio del FRE-JU-PO".

En dicha comunicación se incluye una nómina de afiliados al S. L. Y F. M. que no han colaborado con ese sub lema partidario rematando la nómina con la expresión "Tengamos siempre presente que estos compañeros no han colaborado con nuestra organización gremial. NO LO OLVIDEMOS." (negrita y mayúscula en el texto)

Manifiesta el denunciante que a partir de la aparición de dicho comunicado, fue trasladado de su lugar de trabajo destinándolo a auditoria interna sin que se le asigne ningún tipo de tareas, lo cual le produce daño moral y además económico pues no se le pagan adicionales correspondientes a su especialización y se le priva de acceder a recategorizaciones y ascensos.

Manifiesta que la situación de persecución en su contra data de 1987 año en que participó en listas opositoras en las elecciones del gremio (ver fs.2) y que la misma se materializó en diversas situaciones que llegaron al despido de la E. M. S.A. y la expulsión del denunciante como afiliado al S. L. Y F. M., por tener juicios contra la patronal (sic). Se aclara que el despido fue revertido por la justicia que ordenó su reincorporación por no haberse respetado el derecho a la estabilidad.

Requerida E. M. S.A. para que brinde explicaciones sobre los hechos denunciados, a fs. 50/51 niega expresa y formalmente cualquier forma de discriminación desarrollada por la misma, que afecte los derechos del denunciante, no existiendo ninguna constancia que permita sostener tal imputación. (sic).

A fs. 52 S. L. Y F. M. con la firma de su Secretario General, a la vez Presidente de E. M. S.A., contesta similar requerimiento negando toda actitud discriminatoria, manifestando que la pegatina de los comunicados de la organización política aludida supra, no es de su autoría y destacando la mala fe que a su criterio tiene el denunciante.

A fs. 72,73,77 y 78 obran los informes de la instrucción realizada por la Dra. Silvia RUIZ LARRIÚ que tengo a la vista para dictaminar.

ANÁLISIS

La personalidad jurídica de las empresas e instituciones, organizaciones y partidos, son centros de imputación de normas que actúan como organismos instrumentales para servir al hombre a la consecución de fines determinados en el acto constitutivo.

Pero no puede soslayarse que las personas jurídicas están constituidas por seres humanos, de manera tal que son los hombres y sólo los hombres la causa y finalidad de las mismas.

De allí que las leyes prevén limitaciones al ejercicio de cargos directivos de las personas morales, cuando los intereses personales de los directores colisionan o pueden entrar en contradicción con los superiores intereses de la sociedad moral y del Estado que las habilita.

De manera que la ficción jurídica por la cual una empresa comercial, un sindicato gremial o una agrupación política son personas diferenciadas de las personas de sus integrantes y conductores, no puede llegar tan lejos como para desconocer el choque de intereses personales.

Decimos esto porque en el sub exámine encontramos las mismas personas físicas cumpliendo roles absolutamente incompatibles tales como el de empresario y sindicalista.

Es de la esencia del sindicato, la representación y defensa de los intereses de los trabajadores frente a la patronal; de allí que no puedan confundirse en una misma persona física la condición patronal y sindical, pues ello es contrario al principio de buena fe que debe regir todo acto.

Más aún, como bien demuestra el denunciante con el aporte de fs. 28, la personería gremial del S. L. Y F. M. se otorga para representar a los trabajadores de la industria eléctrica con exclusión del personal jerarquizado. De tal forma debemos concluir que no puede integrar la Directiva del Sindicato quien ejerce además el rol de empleador.

Resulta harto ilustrativa de este aspecto la nota de fs.52 donde quien es Presidente del Directorio de E. M. S.A., la patronal, firma como Secretario General en hoja con membrete del sindicato y confunde sus roles de manera notable, poniéndose abiertamente en contra de los reclamos del trabajador en cuanto a la aplicación por la patronal de las normas LCT o CCT, oponiendo a los reclamos del trabajador, los registros documentales de la empresa empleadora, olvidando que la propia LCT a esos registros no les reconoce valor presuntivo en variadas circunstancias.

Sorprende en dicho sentido que el representante de los trabajadores refiriéndose a reclamos del derecho del trabajador tales como desjerarquización, disminución de posibilidades de ascenso entre otras, pueda catalogar el reclamo como grosera y falsa afirmación no encontrando más soporte que el ánimo belicoso de quien las realiza (sic).

Sin duda esa literatura nada tiene que ver con los sindicatos ya que éstos aún cuando no le asista razón al trabajador, no por ello lo enfrenta con términos tan duros y agresivos sólo reservados para los adversarios.

Dentro de esta superposición de planos y diversidad de roles cumplidos por las mismas personas, se produce el hecho de que también las mismas personas asumen la conducción de organizaciones partidarias, diseñando un complejo de relaciones de poder de difícil sustentación ética.

Es cierto lo afirmado por E. M. S. A. a fs. 30 en el sentido de que no existe ninguna constancia que permita sostener la imputación de discriminación, pero existen elementos de juicio serios, numerosos y concordantes que demuestran sin lugar a dudas que el denunciante está preterido en sus posibilidades laborales y gremiales por no comulgar con la expresión ideológica de la unificada dirigencia patronal-gremial-política.

Ese parecer se encuentra avalado por la conducta de las denunciadas posterior a la aparición de las pegatinas ya que no desmintieron ni rechazaron los términos antidemocráticos y discriminatorios del papel que lucía pegado en las paredes del edificio de E. M. S.A. y más bien lo pusieron en práctica.

Ello así porque objetivamente debe admitirse que la amenaza inserta en los papeles de la pegatina, en los hechos se cumplió tanto que la esposa del denunciante perdió su trabajo (ver denuncia A/669) y éste si bien ha sido reincorporado por la justicia, padece una situación laboral mortificante.

No obstante esta inequívoca convicción de que el denunciante se encuentra sumido en una situación discriminatoria, es dable destacar que la misma se materializa en relaciones regidas por el derecho individual y colectivo del trabajo, de tal forma que esas relaciones son el soporte del hecho discriminatorio y corresponde a este instituto, según sus competencias, examinar la materialidad concreta de la discriminación pero no la relación en la que se produce.

Se torna por ello necesario destacar que lo concerniente a la relación laboral, sus características, y el conflicto emergente de la misma es materia extraña a la competencia de este instituto y el hecho de que la actividad probatoria brindada en estos actuados administrativos, es solamente indiciaria a los únicos fines de enfocar la situación fáctica y efectuar su posible encuadre en las leyes 23.592 y 24.515 sin causar estado.

De tal suerte la verificación de la existencia de la presunta injuria discriminatoria, el presunto delito o del presunto daño y la procedencia de su resarcimiento está reservada al Poder Judicial y es ajena a la competencia del INADI.

CONCLUSIÓN

Por todo lo cual se aconseja: 1.- tener por acreditada la discriminación por opinión política y gremial; 2.- intimar a las entidades denunciadas a cesar en la conducta discriminatoria otorgando al denunciante un trato igualitario como el que debe brindarse a todo trabajador sin distinción de opinión política o gremial; 3.- ofrecer al denunciante asesoramiento jurídico especializado para la defensa en juicio de sus derechos.

Dra. Susana Elsa Torres
Asesora Letrada

 

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